Hoy, los límites de la ley están en el centro del debate en Cuba. Dos bandos opuestos llevan a cabo esta discusión. Por un lado, el colectivo Archipiélago. Los convocantes a la marcha argumentan a los fiscales con la ley en la mano, pues en sus artículos existe el derecho a manifestar pacíficamente.
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Por el otro lado, tenemos a los jueces, fiscales y autoridades de la dictadura cubana. Estos representantes del r´égimen presentan, sin pruebas reales, una teoría de la conspiración en donde los salvajes represores son los buenos y los reprimidos con violencia, los malos.
El colectivo Archipiélago, los convocantes a la marcha argumentan a los fiscales con la ley en la mano, pues en sus artículos existe el derecho a manifestar pacíficamente
Archipiélago muestra su razón más poderosa, las propias palabras del presidente de Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. El magistrado dijo que pensar diferente no constituye un delito. Ahora bien, los 2 fiscales que acosan a los que apoyan la marcha, contradicen esto.
Archipiélago destaca el acoso, citaciones e interrogatorios y amenazas de la Seguridad del Estado y los fiscales tanto a los propios promotores como a sus familiares. También, algunos de los firmantes, perdieron su empleo. Este es el caso del doctor Manuel Guerra, al que expulsaron de su centro de trabajo en Holguín para enviarlo a otra provincia.
Archipiélago denuncia que los fiscales llamaron a personas vinculadas con el 15N para advertirles que serían castigados penalmente en caso de seguir adelante. Así, no velan por los intereses de los ciudadanos como Ministerio Público. Al contrario, presionan a las personas para que no ejerzan sus derechos.
Fuente: 14ymedio.
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