Una audiencia federal que podría tener importantes consecuencias para los cubanos con documentos I-220A fue aplazada hasta el 2 de septiembre en Miami. La jueza Jacqueline Becerra analizará varios casos y mociones, incluyendo la demanda Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, presentada por 992 cubanos.
El debate central gira en torno a si el I-220A puede recibir un tratamiento jurídico equivalente al parole para efectos de la Ley de Ajuste Cubano. Los demandantes también buscan la certificación del litigio como acción colectiva, lo que podría ampliar el alcance de una eventual decisión favorable.
¿Crees que el I-220A debería permitir a los cubanos acogerse a la Ley de Ajuste Cubano?
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