Una corte federal de Miami escuchará argumentos este jueves en el caso Bello-Rubio vs. Department of Homeland Security, una demanda presentada por 992 migrantes que busca abrir una vía para que determinados cubanos con formulario I-220A puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Los abogados buscan que el caso sea certificado como una acción colectiva de alcance nacional. Según estimaciones citadas por los promotores de la demanda, un eventual precedente favorable podría tener implicaciones para entre 500.000 y 600.000 cubanos que permanecen en un limbo migratorio.
El Gobierno federal sostiene que la I-220A no constituye un parole y solicitará que la demanda sea desestimada. Por ello, la audiencia no significa que los beneficiarios recibirán automáticamente la residencia, sino que representa una etapa de la batalla judicial para determinar si pueden tener acceso a esa posibilidad.
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