El Decreto Ley 35 es la apuesta del régimen cubano para llevar la represión al mundo digital. La dictadura intentará a toda costa censurar aun más al pueblo cubano. En el afán de esconder la realidad de los acontecimientos en la isla.
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La dictadura cubana ahora quiere reprimir y censurar en internet.
Es por esto que divulgaron en la edición ordinaria No. 92 de la Gaceta Oficial, el Decreto-Ley 35, un paquete de normas que forman parte de la actualización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones en el país.
Decreto Ley 35: ¿Cómo afectará al pueblo cubano?
A partir de ahora, el activismo en redes sociales será penalizado por la dictadura.
Así como las muestras de disenso o disconformidad con las políticas gubernamentales, una enorme violación hacia la libertad el ejercicio de libertad de expresión de los cubanos.
Sin embargo, muchos se preguntan ¿cómo serán estas sanciones?
Dentro del paquete se encuentra el Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico”.
Este Decreto Ley manifiesta que las personas jurídicas y naturales tienen responsabilidad administrativa con el uno del espectro radioeléctrico que se encuentra únicamente manos del gobierno.
El Decreto Ley establece además una serie de prohibiciones establecidas de forma genérica en el cual establece contravenciones hacia lo que las autoridades entiendan por “atentar contra la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.
El texto legal califica de “ciberterrorismo” a “aquellas acciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Sin embargo, dichas contravenciones no se encuentran únicamente dentro del Decreto Ley 35, sino también en el complementario Decreto 42,
Lo cual no hace más que enredar la madeja legal vaga e imprecisa impuesta por el régimen.
En otras palabras, la poca claridad del Decreto 42 hace posible que una persona autorizada por el gobierno pueda proceder a multar o decomisar a discreción a las personas jurídicas o naturales así lo entienda.
Las sanciones a los que incumplan el Decreto Ley 35
Las sanciones tipificadas en el Decreto 42 consisten en un grupo de multas que oscilan entre los 300 y los 4 000 pesos, en dependencia de la infracción.
Se añaden igualmente los decomisos de los equipos tecnológicos involucrados en el supuesto crimen.
Con respecto a los incumplimientos del Decreto Ley 35 no se establecen la cuantía de las multas que pudieran imponerse.
Lo cual “genera así un evidente espacio para la discrecionalidad y la inseguridad jurídica”, señala Viera.
Con información de: Periódico Cubano
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