Como ha ocurrido en ocasiones anteriores durante los 62 años de dictadura castrista, siempre que existe una gran presión social el régimen de Cuba busca algún escape o artimañas para mantenerse en el poder.
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Esta vez, desde la isla llega la información de que los cubanos ahora podrán «abrir pequeñas y medianas empresas privadas», contratar empleados y acordar salarios.
El despacho noticioso de la Associated Press (AP) agrega que «esta es una medida de ‘apertura económica’ pospuesta por años y que llega en momentos en que el país atraviesa una crítica situación de todo tipo», reportó Diario las Americas.
Cuba anuncia «apertura»
Desde el 11 de julio, el mundo ha sido testigo [por primera vez en 62 años] -mediante imágenes grabadas en las calles y luego por testimonios de familiares de cientos de víctimas- de la verdadera esencia de un régimen dinástico que ha logrado mantenerse en el poder únicamente a base de la represión, la manipulación y una hermética censura implantada desde el 1ro de enero de 1959 con la llegada de la cúpula marxista liderada por Fidel Castro y su hermano Raúl.
El más reciente intento de la dictadura castrista de emitir una imagen de «buena voluntad y apertura económica» ocurrió cuando la administración de Barack Obama ejerció su «política de deshielo y diálogo con el desgobierno cubano».
En ese momento, el principal intermediario de las conversaciones entre Obama y Raúl Castro fue el diplomático de carrera, de 52 años, de origen hondureño, Ricardo Zúñiga, [el mismo que ha sido nombrado ahora por el presidente Joe Biden para temas del Caribe].
Es decir, que al parecer comenzó a ejecutarse lo que anunció Biden en su campaña luego de sanciones efectivas que impuso la administración Trump, con el objetivo de terminar el sufrimiento de los cubanos en más de seis décadas y lograr la libertad.
Dictadura de Cuba desesperada
El régimen de Cuba no mueve sus fichas y menos hace algún «cambio» si no espera una recompensa inmediata a cambio.
Mucho más ahora que se encuentra en medio de una situación caótica y bajo una avalancha de acusaciones internacionales por la brutal represión del estallido social en la Isla y que aún continúa con arrestos, golpizas y juicios sumarios por solo pedir libertad, justicia social y fin de un sistema que ha arrastrado al país a la destrucción y a la miseria generalizada.
Para imponer sentencias que superan los 10 años de prisión por solo expresarse, el gobierno acaba de poner en vigor el decreto-Ley 35, que hace ilegal grabar imágenes de protestas y denuncias que el régimen define como «subversivos».
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