Un mayor de la Seguridad del Estado del gobierno cubano, identificado como Eduardo Velázquez Infante, emigró a Estados Unidos con una visa obtenida a través del parole humanitario.
Alberto Méndez Castelló, licenciado en derecho y en ciencias penales, publicó en el medio independiente CubaNet que el represor logró entrar a Norteamérica el 20 de marzo, gracias al patrocinio de su hermana.
Según el texto, Velázquez Infante, de 55 años, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami, donde tomó otro vuelo rumbo a uno de los estados de la costa oeste estadounidense. Este agente castrista es oriundo de Puerto Padre, Las Tunas.
Méndez Castelló recordó en el texto que fue detenido por policías bajo las órdenes de Velázquez Infante, cuando se disponía a viajar a Santiago de Cuba para reportar la visita del papa Benedicto XVI en esa provincia.
En aquella ocasión, hace 11 años, pasó 75 horas y 15 minutos privado de su libertad en un calabozo de la Seguridad del Estado, donde realizó una huelga de hambre para exigir su libertad.
El represor primero trabajó como funcionario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en el municipio Amancio Rodríguez; luego ingresó al Ministerio del Interior (Minint) como oficial operativo de la unidad de enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Las Tunas.
Asimismo, fue oficial operativo activo de la policía política y de Tropas Guardafronteras durante unos 27 años, periodo en el que también trabajó como supervisor en la industria azucarera, particularmente de la planta ‘Antonio Guiteras’, que antes de su expropiación se llamaba Central Delicias.
Tras su retiro en 2018, Velázquez Infante cobró una pensión del Minint, además pasó a ser oficial de la reserva de esa institución, ocupando entonces una jefatura en el área de aseguramientos en dicha central.
Ante el ingreso de este agente castrista a territorio estadounidense, el autor del texto cuestionó las fisuras que tiene el programa migratorio, al grado de que se permita la entrada de personas que trabajaron como represores de un Estado patrocinador del terrorismo.
“La administración estadounidense debe responder a los ciudadanos americanos, a sus representantes y senadores, a la comunidad de exiliados en la patria de Lincoln. ¿Por qué admite y abriga dentro de sus fronteras a violadores públicos y notorios de los derechos humanos, lo que constituye una burla para las víctimas de esas violaciones y un peligro potencial para esa nación? La administración Biden debe una respuesta. Esperémosla”, manifestó Méndez Castelló.
