Una vez más la activista Carolina Barrero recibió una citación por el departamento de seguridad del régimen en La Habana
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La curadora y activista cubana Carolina Barrero, coordinadora de la plataforma 27N, recibió este lunes una nueva citación por parte del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) para un interrogatorio hoy en la estación policial de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana.
La joven enfrenta un proceso legal por el supuesto delito de «instigación a delinquir», del cual se le acusa por haber intentado salir de su vivienda el pasado 15 de noviembre para ejercer el derecho a manifestarse públicamente, ante la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio de la plataforma Archipiélago. Ese día ni siquiera logró avanzar cien metros antes de que la detuvieran, es decir, que nunca se llegó a manifestar. No obstante, rompió un cerco policial arbitrario que la mantenía desde hacía más de seis meses en encierro domiciliario, sin que pesara en su contra ningún cargo.
Ya a principios de diciembre Barrero enfrentó un interrogatorio en el cual fue amenazada con sufrir prisión por haber expresado su voluntad de ejercer un derecho humano, convocar a otras personas a exigir la liberación de los presos políticos y, básicamente, salir a la calle el 15 de noviembre. «Si ustedes creen que yo soy una delincuente, una vándala que instiga a delinquir, condéneme. Yo sé, siempre he sabido, de lo que la Seguridad del Estado es capaz. De ustedes es la decisión, de ustedes las consecuencias», comentó entonces en un post en su perfil en Facebook.
En esta ocación, la historia no fue muy distinta. Barrero relató que fue un oficial del DSE, vestido de civil, quien le entregó la citación en su domicilio para que se presentara este mismo martes, a las 2:00pm, ante el Teniente Coronel Luis Miguel Quirós Lage, instructor penal de Villa Marista, con el fin de «ampliar sobre el proceso en que me encuentro encarada EFP (Expediente en Fase Preparatoria) 92/21».
«Antes de ampliar nada, hay que aclarar. Las citaciones deben de ser entregadas por agentes de la policía que posean responsabilidad jurídica y puedan asumir consecuencias legales sobre sus actuaciones. Los agentes de la Seguridad del Estado son entes anónimos. Piezas de un engranaje oculto a conciencia para evadir responsabilidad», denunció la historiadora del arte.
Barrero señaló que el agente que la visitara apenas le mostró un carné de la institución a la que pertenece, donde aparecía el nombre, la foto y la firma del Ministro del Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas, pero no el suyo propio. El agente se limitó a informarle que su nombre era Carlos. «Sin apellido, con cobardía y sin pudor», agregó la activista.
