En las dos horas que Jorge Antonio estuvo conduciendo su Lada 2107 de la era soviética con destino a Pinar del Río en Cuba, 175 kilómetros al oeste de La Habana, la autopista estaba desierta. “En la carretera solo vi carros de patrullas [de Policía]. Y los apagones se extienden por toda la provincia. Mis parientes me cuentan que solo hay electricidad cinco o seis horas al día. Es abusivo. La poca comida que la gente guarda se echa a perder, los mosquitos te acribillan y los niños no pueden dormir debido al terrible calor”, dice y añade:
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“Los pinareños, que siempre han tenido fama de ser nobles y con buen carácter están echando espuma por la boca. Las producciones de arroz, viandas y tabaco decrecen por falta de combustible y fertilizantes. El descontento es tremendo. De mantenerse el actual panorama, la gente se va a tirar pa’la calle a protestar”, predice.
Múltiples disparates
La feroz crisis económica en Cuba es una combinación letal de múltiples disparates. La primera y principal causa: el sistema político nunca funcionó. La economía estatal planificada tampoco. El descomunal aparato burocrático, enemigo acérrimo de las reformas, frena e impide los cambios profundos en las descapitalizadas empresas.
La Isla funciona según códigos medievales. El Estado, al igual que un déspota señor feudal, se apropia de los beneficios productivos sin rendir cuentas a la ciudadanía.
Si de acuerdo con las teorías marxistas, en el capitalismo los dueños se apropian de la plusvalía, en el socialismo cubano de compadres, patrocinado por el partido comunista, las ganancias las administra el gobierno de acuerdo con sus intereses.
Nadie puede oponerse a que el régimen priorice la construcción de hoteles de lujo, aunque permanezcan con una ocupación del 20 por ciento, compren autos de patrullas policiales y material antidisturbios en vez de adquirir ambulancias y remozar los desvencijados hospitales.
En los últimos doce años, en Cuba se han gastado casi 20.000 millones de dólares en construir hoteles, campos de golf y centros turísticos en vez de invertirlos en la agricultura, ganadería y pesquería. Desde 2018, salvo excepciones, las cosechas han descendido de un 15 a un 30 por ciento. Igual ha ocurrido con las producciones de las industrias lácteas, cárnicas y pesqueras.
