Los economistas en Cuba consideran que la presión fiscal de un país se puede medir comparando la recaudación tributaria que realiza el estado con el PIB de la economía, y mediante un simple porcentaje es posible comparar entre los países, un recurso que los inversores extranjeros suelen tener muy en cuenta.
UniVista TV WEB
En América Latina hay una notable dispersión, desde el 15,3% de Perú hasta el 30% de Brasil o Argentina. Cuba se desmarca de todos ellos, con un 42,2% según datos comparativos elaborados por CEPAL.
Pero la presión fiscal no se debe medir solamente con este indicador frío y matemático, sino que incorpora otros elementos cualitativos que merecen ser tenidos en cuenta, reportó DiariodeCuba.
Campaña en Cuba
Por ejemplo, la complejidad de las normas y reglas del sistema fiscal y tributario puede hacer más o menos llevadera una determinada presión fiscal. La actuación de los servicios inspectores y tributarios para incrementar el control y la vigilancia, también influyen y cabe señalar otro tanto de las sanciones y multas que se establecen para los presuntos incumplidores de los impuestos.
En el caso de Cuba, donde el sistema tributario no responde ni a la naturaleza del Estado de derecho ni a las reglas democráticas de participación popular, ¿quién dijo que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se iba a ir con las manos vacías cuando se lanzara a recaudar? Ya se dispone de algunos datos.
Al parecer, las acciones emprendidas por la ONAT contra los altos precios han destapado una deuda fiscal superior a 32 millones de pesos. Las arcas del régimen se verán rellenas con esta recaudación sobrevenida que no deja a nadie impasible y que supone un aumento de esa presión fiscal cualitativa. Ya se veía venir. Cuando la ONAT anunció su campaña hace unas pocas semanas, ya se sabía cuál iba a ser la finalidad de las 4.591 acciones de control realizadas contra el incremento de precios, y ejecutadas hasta el 16 de junio.
Estas acciones fueron dirigidas a fiscalizar personas naturales y jurídicas dedicadas a actividades cuyo desarrollo tenía algún impacto en los precios de productos y servicios destinados a la población, entre las que se encuentran los panderos-dulceros, trabajadores de cafeterías, carretilleros, vendedores de producción agrícola en puntos de ventas y quioscos, productores-vendedores de artículos varios, y poncheros, entre otros.
Y a resultas de las pesquisas, que han debido ser exhaustivas, se han detectado los 32.500.000 de deuda con el presupuesto del estado que de forma inmediata se han exigido a los afectados.
Lo que llama la atención es cómo se ha producido la detección de los mayores adeudos. En general, la mayoría tiene que ver con la maraña burocrática y de control que ejerce el Estado sobre la economía, y que, en numerosas ocasiones, penaliza a los actores económicos, a pesar de que estos cumplen con sus obligaciones.
