Dictadura niega el permiso para la marcha del 15N en La Habana

Este martes la dictadura cubana negó el permiso solicitado para la marcha del 15 de noviembre y señalan que no tiene sustento suficiente

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El Gobierno cubano denegó este martes el permiso solicitado para la marcha convocada en noviembre, cuyos fines calificó de «inconstitucionales» y «desestabilizadores», según dijo Alexis Acosta Silva, Intendente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, en declaraciones a la prensa nacional.

Un documento difundido en el portal del Gobierno de la capital, dirigido al dramaturgo Yunior García Aguilera, principal organizador de la marcha, indica que el artículo 56 de la Constitución, que se citaba como principal sustento de la solicitud, dispone entre los requisitos para el ejercicio de la manifestación «el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley», y consideran que ese apartado no se tuvo en cuenta al organizar la manifestación. Contó CiberCuba.

Añade que en este caso «no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha», al tiempo que estima que la proyección pública de algunos de los promotores «con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense», tienen «la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba».

El texto califica el permiso para la marcha de «provocación», que formaría parte de una «estrategia» para desatar un cambio de régimen en Cuba, y alude al apoyo público que recibió de legisladores estadounidenses y medios de prensa que -según dicen- «intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar».

En su última parte, la carta concluye que «si bien se invoca un derecho constitucional, este no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados de la propia Constitución», y por ese motivo dictaminan el «carácter ilícito» de la marcha.

El pasado 21 de septiembre, integrantes del grupo Archipiélago presentaron en las oficinas del Gobierno Provincial de La Habana y del Intendente del Consejo de la Administración Municipal de La Habana Vieja una solicitud de autorización para realizar una marcha pacífica en La Habana en noviembre.

La marcha, programada inicialmente para el 20 de noviembre y luego cambiada para el 15, apelaba al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que reconoce a los ciudadanos el derecho a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos.

Esgrimía, igualmente, el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho a ejercer la libertad de reunión y asociación pacíficas.

El propósito de la marcha, según la declaración publicada por el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera en Archipiélago, sería condenar la violencia y exigir la liberación de todos los presos políticos, respeto a los derechos de los cubanos y una solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

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