El gobierno cubano tiene entre sus planes represivos la aplicación de un nuevo mecanismo legal, con el objetivo de imponer condenas de cuatro a diez años de cárcel contra integrantes de la sociedad civil independiente que reciban financiamiento desde el exterior.
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En el anteproyecto del nuevo Código Penal se integró al Capítulo V “Otros actos contra la seguridad del Estado” el artículo 143 que no es parte de la normativa vigente y dice:
“Quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”, reportó Periódico Cubano.
Medidas del gobierno cubano
El abogado Eloy Viera Cañive explicó que a través de esta inclusión el régimen tratará de justificar su represión a quienes desde hace años lincha con acusaciones de “propaganda enemiga” o cataloga como “mercenarios”.
Asimismo, explicó que el citado artículo demuestra que ya no solo se sancionará el financiamiento proveniente de fondos públicos norteamericano como se establece en la Ley 88, ahora, “cualquier financiamiento público o privado nacional o extranjero, o sea, es sancionable casi cualquier cosa”, explicó Viera Cañive.
El litigante recordó que en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala se han intentado establecer leyes similares para desarticular a la sociedad civil que crítica a los gobiernos en turno.
Peligros del gobierno cubano
Juan Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, comentó a la emisora que, de aprobarse el nuevo código penal, el régimen castrista tendría más recursos para encarcelar a periodistas independientes, opositores y activistas.
El experto agregó que el contenido del apartado es muy ambiguo y por ello será una herramienta legal más que respalde los abusos de las autoridades comunistas.
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