Activistas cubanos reinician huelga de hambre
Los activistas Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta reiniciaron una huelga de hambre que habían depuesto por problemas de salud en Camagüey.
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Peña y Acosta fueron arrestadas violentamente en su casa bajo la acusación de “desorden público”, utilizada por la policía contra los participantes en el estallido social de julio, aseguró a ADN Cuba la activista Elianne Martínez Rodríguez, coordinadora de la Embajada Cívica Cubana.
Tercera Unidad de la Policía camagüeyana
Tras el operativo, fueron trasladados a la Tercera Unidad de la Policía camagüeyana y, más tarde, a la sede de la Seguridad del Estado en la provincia, reportó AdnCuba.
El 12 de julio comenzaron una huelga de hambre que depusieron ocho días más tarde, debido a problemas de salud.
Peña tiene un soplo en el corazón y sufrió un ataque epiléptico durante la huelga, agregó Martínez.
Delito de “desacato”
En un primer momento, ambos fueron acusados por el delito de “desacato”, sin embargo, el 30 de julio recibieron la notificación de que serían procesados por otra supuesta violación, “desorden público”, cuando pocas horas antes les comunicaron que serían trasladados a prisión domiciliaria.
El abogado contratado por la familia —ambos son pareja— pidió a Fiscalía un cambio de medida para sus clientes, que fue denegado el lunes 2 de agosto. Al conocer esta noticia, y a expensas de su salud, los dos opositores decidieron reiniciar la huelga de hambre la víspera.
Convictos de conciencia
Peña y Acosta han sido nombrados convictos de conciencia y están en mitad de una acción urgente del comité contra las desapariciones forzosas de la ONU para su liberación.
Las protestas comenzaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, y se extendieron a más de 60 localidades del país ese mismo día.
La ONG Cubalex, que da asesoría legal a defensores de derechos humanos, ya suma en su listado más de 700 detenidos y desaparecidos como saldo de la represión.
ONU solicitó la liberación de los manifestantes
El pasado 16 de julio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exigió al régimen cubano la liberación de todos los manifestantes detenidos durante las protestas populares en Cuba.
También apostó por el inicio de un proceso de diálogo.
El gobierno cubano solo ha reconocido la muerte de una persona, Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, de quien la nota oficial no ofrece las causas del deceso.
La víspera, Cuban Prisoners Defenders aseguró que los presos políticos se duplicaron en la isla tras el estallido social y que el número de detenidos oscila entre 2000 y 8000, una cifra vaga que no ha podido comprobarse debido a la hermeticidad del régimen.
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