Vendedores agrícolas cubanos han cerrado sus puestos por el tope de precios
La inflación generada por la llamada Tarea Ordenamiento y el empecinamiento del Gobierno en controlar artificialmente los precios han llevado al cierre de centenares de vendedores de puntos gestionados por trabajadores privados, dedicados a la venta de productos agrícolas.
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Las dos primeras semanas de enero (los primeros 15 días de la Tarea Ordenamiento) habían dejado de funcionar 600 de esos puntos de venta.
Aunque muchos de esos cierres ocurrieron tras actuaciones del Gobierno contra alteraciones de precios y otras «violaciones» encontradas en más de 50.000 inspecciones realizadas en todo el país, también se debieron a que los negocios se volvieron irrentables para sus gestores, reportó Diario de Cuba.
El 5 de febrero se informó que para combatir «ilegalidades» se habían impuesto solo en la capital 650 multas a vendedores de productos agrícolas, en su mayoría por violaciones de precios. Las multas oscilaban entre los 7.000 y 8.000 pesos.
Seis días después se reportó al menos 200 sanciones de entre 5.000 y 15.000 en mercados agropecuarios durante solo una semana, por diversas infracciones relacionadas también con los precios.
«A nosotros el Estado no nos da nada y siempre lo tenemos encima», dijo Ramón Martínez, un carnicero del municipio Plaza de la Revolución.
«Cada día compro el cerdo más caro. Cuando comencé este negocio, el año pasado, lo compraba a 45 pesos la libra, pero ya está a 63, por lo cual debo venderlo a 70 para ganar algo. En diciembre el Gobierno topó nuevamente los precios y el más alto en el caso de la carne es el bistec, a 55. Ahora mismo es imposible vender a ese precio porque lo compro mucho más caro», explicó.
«Si viene un inspector y se percata de eso, te pone una multa, y ese es uno de los motivos por los que muchos puestos han cerrado», añadió el vendedor. «A mí me pusieron una multa de 1.000 pesos porque no podía vender manteca ni chicharrones por no estar comprendido en la licencia. Para poder sobrevivir, solo le estoy vendiendo a personas que conozco, y siempre ando con sigilo porque nunca se sabe de qué manera se camuflan los inspectores para poner una multa».
Para Abel Salgado, quien tiene un puesto en la Víbora, «el que puso los precios topados no sabe nada de agricultura y está de espaldas a la realidad».
«Imagínate que el precio topado de la libra de frijoles colorados está en 16 pesos y a mí me la venden a 45. Por eso la oferto escondido a 50 pesos, pero ese precio no puedo ponerlo en la tablilla porque me multan. Así me pasa con la mayoría de los productos que vendo, como malanga, col, tomate y pepino», detalló Salgado.
«La última vez la amenaza fue más clara, me podían procesar por alteración de precios y tuve que cerrar el puesto a mediados de enero, no tuve alternativa», confesó Bustamante visiblemente molesto.
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