El próximo 25 de septiembre, Cuba celebrará un referendo vinculante sobre el Nuevo Código de Familia, que renovaría la ley vigente desde hace 47 años. De imponerse el Sí, se legalizaría, por ejemplo, el matrimonio igualitario.
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«Estamos convencidos de que, en su momento, mayoritariamente, el pueblo cubano hará suyo este código revolucionario, inclusivo y democrático», dijo Homero Acosta, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tras la aprobación de la normativa en el Parlamento.
Ya en 2019, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), bajo la dirección de Mariela Castro, hija del entonces líder cubano Raúl Castro, buscó anclar el matrimonio entre las personas del mismo sexo en la nueva Constitución, aprobada ese mismo año. No obstante, de cara al rechazo de amplios sectores de la sociedad, ese aspecto no fue incluido en la nueva carta magna. Ahora, se votará en un referendo.
Referendo sobre matrimonio igualitario en Cuba
En opinión de Sandra Heidl, especialista en estudios de género y psicóloga por la Universidad de La Habana, el referendo es un «error inmenso». En entrevista con DW, la activista LGBTIQ explica que el Código de la Familia abarca muchos temas que van más allá del matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo o la gestación subrogada, como el papel de la familia en el cuidado de las personas adultas mayores.
«Dentro del Código se incluyen por primera vez determinados contenidos progresistas, y, de alguna manera, el gobierno no quiso responsabilizarse de ello. Me parece un error inmenso, porque se está hablando de derechos humanos, y los derechos humanos no pueden llevarse a referendo», sostiene.
Según la activista cubana, el debate ha sido complicado porque «hay mucho miedo y falta de información». A esto se suman la homofobia y transfobia en la isla, así como una fuerte oposición por parte de los sectores religiosos y conservadores.
Mientras que el matrimonio igualitario fue ampliamente discutido en los últimos meses, otros temas «polémicos», como el cuidado de las personas adultas mayores, quedaron relegados a un segundo plano. “El Estado prácticamente se quita la responsabilidad de las personas de la tercera edad, tanto retiradas como pensionadas, y le da esa responsabilidad a la familia”, explica.
