La crisis económica, devenida crisis política, y el empecinamiento de no cambiar nada que afecte el poder del régimen de Cuba, ha conducido al intento de resucitar una institución que está agonizando: el llamado poder popular.
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La ausencia de los cubanos —como pueblo— en las decisiones de su país y de sus proyectos de vida personal y familiar, en los últimos 60 años, se manifestó en indiferencia hacia la producción y los servicios, luego en las boletas depositadas en blanco en las urnas, en el voto negativo a las candidaturas únicas y en la creciente inasistencia a las «elecciones» y, más recientemente, en las crecientes protestas en todo el país que han tenido su punto más alto en las actividades del Movimiento San Isidro, en la concentración frente a la sede del Ministerio de Cultura y de forma masiva en todo el país en las manifestaciones públicas del 11J que estremecieron al poder.
En lugar de proceder a los cambios que la realidad cubana demanda, el gobernante designado, Miguel Díaz-Canel, trasladó la solución de la crisis al campo de la conceptualización. En sus habituales recorridos y reuniones —después del 11J— el tema del poder popular ha ocupado los primeros planos de su labor, reportó Diario las Américas.
Poder popular en Cuba
El 30 de septiembre, en la reunión virtual con los delegados municipales del Poder Popular, el gobernante designado dijo: «en Cuba se trabaja con la unidad de poderes a través de órganos que tienen funciones diferentes, porque el concepto de poder que se usa en Cuba, en la revolución cubana, es el concepto de poder popular, que está subordinado o se construye con el concepto de soberanía popular». Y al clausurar el II Pleno del PCC y la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los días 24 y 28 de octubre, volvió sobre el tema.
Díaz-Canel repitió que el poder popular «consiste en que es intransferible, que tiene sustento en la soberanía popular y que se articula en la estructura estatal a través de órganos con diferentes funciones». Dijo casi lo mismo que reza en el Artículo 3 de la Constitución: «En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ella se derivan, en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes».
Problema del poder popular
El Artículo 5 de la Constitución establece que «el PCC es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado»; por tanto, la ANPP ocupa un lugar inferior al PCC.
La Constitución no fue elaborada por delegados elegidos por el pueblo, sino designados por la ANPP, a propuesta del PCC.
Los candidatos a diputados de la ANPP son seleccionados por la Comisión de Candidatura —integradas por representantes de las organizaciones de masas— subordinadas constitucionalmente al PCC.
La Comisión de Candidatura goza de potestad para incluir en las nóminas al 50% de los candidatos sin ser electos por el pueblo. La misma elige o designa a los jefes de los órganos del Estado.
