El dictador de Cuba Miguel Díaz-Canel aseguró que es «mentira» que por las protestas del 11 de julio haya en prisión menores de 16 años y que se encarcelase a personas por «criticar a la revolución».
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Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una entrevista radiofónica, reproducida por distintas emisoras de América Latina, con el politólogo argentino Atilio Borón, que se encuentra actualmente en La Habana con motivo de la Feria Internacional del Libro (FIL).
Con respecto a los menores de edad, el dictador de Cuba manifestó que «es mentira que haya alguien preso por debajo de 16 años» y consideró que las condenas a jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con «suma racionalidad judicial», reportó Diario de Cuba.
Díaz-Canel admite condenas en Cuba
Ello, a pesar de que solamente en los juicios por las protestas en la Esquina de Toyo y La Guinera, en La Habana, el 11 y 12 de julio, respectivamente, el menor de 17 años Brandon Luis Becerra, quien cumplió los 18 en prisión y tenía una petición fiscal de cinco años de cárcel sin internamiento, le impusieron 13 años.
Asimismo, a Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia ha denunciado que padece una discapacidad intelectual, le impusieron 23 años de prisión.
La iniciativa Justicia 11J documentó que en este proceso, en el que los tribunales determinaron 128 culpables y 1.906 años de cárcel en total para ellos, siete menores de 18 años fueron sancionados a entre siete y 19 años de privación de libertad.
Aparte del caso de Becerra, está el de Kendry Miranda Cárdenas, condenado a 19 años de prisión; Rowland Jesús Castillo Castro, a 18 años; Lázaro Noel Urgellés Fajardo, a 14; Brayan Piloto Pupo, a diez años; Giuseppe Belaunzarán Guada, a diez; y Emiyoslan Román Rodríguez, a siete años. Jonathan Torres Farrat, que cumplió 17 años el mismo día 11 de julio, está en espera de juicio con una petición fiscal de ocho años.
Además, están los casos de Eric Yoangel Héctor Plaza, de 13 años, y Maikel Michel Miranda Vega, de 12, incorporados al listado de Justicia 11J en la categoría «Confidencial». Ambos, según testimonios recogidos por los activistas que documentan estos casos, fueron usados para intentar incriminar a una tercera persona. Acabaron internados en uno de los mencionados centros de «corrección de la conducta» por un año. En una supuesta «confesión», dijeron haber tirado piedras a un hospital.
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