Juicio a Meliá por hoteles en Cuba se amplía contra el Estado cubano
La familia de origen cubano Sánchez Hill ha presentado esta semana una ampliación de la demanda contra Meliá por sus hoteles en Cuba en la que incluye como codemandados al Estado cubano y Gaviota.
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Los Sánchez Hill reclaman a la hotelera española una indemnización por beneficiarse de la explotación de dos hoteles en Cuba construidos sobre unos terrenos que les fueron confiscados a sus antepasados tras la Revolución cubana de 1959.
Meliá incluyó en su contestación a la demanda una excepción procesal en la que apuntaba a la falta de litisconsorcio pasivo necesario para que el procedimiento judicial sea válido, reportó Voz Populi.
En román paladino, Meliá trasladó a la titular del Juzgado de Primera Instancia nº24 de Palma de Mallorca que si los Sánchez Hill le demandan por beneficiarse de la explotación de los hoteles, también debería ser demandado el Estado cubano, dueño de los inmuebles y también beneficiario de dicha explotación.
Meliá, como cualquier otra hotelera extranjera en la isla, se limita a gestionar los establecimientos, pero la titularidad de los inmuebles es estatal.
Si se va a juzgar un presunto beneficio ilícito, la hotelera entiende que deben responder todos los beneficiados, no solo una parte.
La jueza aceptó esta excepción procesal y a finales del año pasado emplazó a los Sánchez Hill a que ampliasen la demanda en un plazo de veinte días, requerimiento que han cumplido ahora.
En concreto, los Sánchez Hill han ampliado la demanda contra la República de Cuba y Gaviota SA, la sociedad estatal con la que Meliá tiene firmada su alianza. Las mismas fuentes explican que aunque Cuba y Gaviota han sido incluidas en el proceso, la reclamación económica no va dirigida contra ellas y se ciñe a Meliá.
El objetivo es que ambos puedan ejercer su derecho a oponerse en el caso de que lo vean necesario. En definitiva, que puedan pronunciarse si lo consideran oportuno.
Tras este paso de los Sánchez Hill, cabe recordar que los tribunales españoles no pueden juzgar las acciones que hagan otros países porque están protegidos por inmunidad soberana, pero los Sánchez Hill defienden que en todo este proceso quien se ha beneficiado es Gaviota, una mercantil que aunque es de titularidad estatal, opera como una empresa y no como un Estado.
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